Daraya había llegado el pasado el 25 de septiembre del 2013 hasta el mencionado recinto, cerca de las 17:00 horas, a realizar algunas compras, dejando su bicicleta amarrada al estacionamiento para bicicletas que la misma empresa dispone para tales efectos.
Tras terminar sus compras, la ciclista se da cuenta que su bicicleta había sido robada, realizando el aviso al personal del supermercado y Carabineros.
Luego de que el supermercado se negase a llegar a un acuerdo por el robo, y a que las respuestas dadas a SERNAC hayan sido desconocer toda responsabilidad, e inclusive, dudar de que el robo se haya producido en su local, la víctima demandó al supermercado, denuncia que fue acogida por tribunales.
Tras la presentación de las pruebas, la justicia determinó que el supermercado actuó de manera negligente en lo que a los deberes como prestador de servicios se refiere. Por ejemplo, el tribunal señala que el no mantener operativas las cámaras de seguridad constituye una falla al artículo 23 de la ley 19.496 señalando que "comete infracción, entre otras, el proovedor que en la prestación de un servicio, actuando con negligencia cause menoscabo al consumidor, debido a falla o negligencias en la prestación del servicio de seguridad" y agrega que "la inoperancia de las cámaras de seguridad constituye una negligencia tremenda por parte del supermercado" y que independiente de ello que "la empresa debe asumir que el servicio de vigilancia en el estacionamiento fue negligente e insuficiente, lo que tuvo como consecuencia directa el robo de su vehículo".
Si bien la demanda exigía un monto mayor, de todas maneras el fallo dejó conforme a las víctimas. Así lo explica Tomás Monsalve, quien le había regalado la bicicleta a su novia Daraya. "Igual estamos contentos con la resolución del tribunal por que reconoce el hecho de que por ser cliente la empresa tiene la obligación de prestar las medidas de seguridad a los consumidores y sus vehículos y que deben responder por los daños que sufran".
Precedente
En este caso el tribunal condenó a JUMBO en lo infraccional (debido a las fallas de seguridad) a cancelar 3 UTM a beneficio municipal por infracción a la Ley sobre protección de los derechos del consumidor, mientras que en lo referido a la demanda civil, a pagar a la demandante la suma de $130 mil pesos por daño emergente más $300 mil pesos por concepto de daño moral.
Monsalve piensa que esto sienta un precedente para el caso de robos de bicicletas, algo que lamentablemente se ha hecho más habitual en La Serena y Coquimbo, ya que antes había jurisprudencia sobre robo a autos en estaciomientos, pero no en cuanto a bicicletas. "Aquí me parece que es la primera vez que se obliga a una empresa de retail a pagar por el robo de una bicicleta, y eso es super importante por que es cosa de ver que ultimamente se han denunciado gran cantidad de robos de bicicletas en este tipo de locales".
Vía El Observatodo
